¿Qué dice la Sentencia 168‑13?

La Sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional dominicano, emitida el 23 de septiembre de 2013, redefinió retroactivamente quién puede adquirir la nacionalidad en República Dominicana desde 1929. La decisión limitó el derecho de nacionalidad por nacimiento, estableciendo que solo los hijos de padres dominicanos o de extranjeros residentes legales pueden obtener la nacionalidad dominicana.

¿Por qué fue tan controvertida?

Miles de personas nacidas en el país, principalmente de ascendencia haitiana, perdieron su nacionalidad y quedaron en una situación de apatridia. Esta medida generó un fuerte rechazo a nivel nacional e internacional, ya que muchas de estas personas quedaron sin acceso a derechos básicos como salud, educación, empleo y documentación legal.

Contexto histórico y legal

La Constitución dominicana, entre 1966 y 2010, establecía que toda persona nacida en territorio nacional era dominicana, salvo en casos excepcionales como hijos de diplomáticos o personas en tránsito. Sin embargo, a partir de 2005, la Suprema Corte de Justicia empezó a restringir este derecho para hijos de extranjeros en situación migratoria irregular. La Sentencia 168‑13 profundizó esta línea al ordenar una revisión masiva de los registros civiles desde 1929.

Repercusiones y acciones posteriores

En respuesta a la controversia, el Estado dominicano promulgó la Ley 169‑14 en 2014, la cual estableció mecanismos para regularizar la situación de quienes se vieron afectados por la sentencia. Esta ley creó categorías para definir quiénes podían recuperar su estatus legal o adquirir la nacionalidad por vía administrativa.

La sentencia también tuvo repercusiones diplomáticas, especialmente en las relaciones con Haití, y generó debates en organismos internacionales, universidades y medios de comunicación sobre derechos humanos y ciudadanía.

Conclusión

La Sentencia 168‑13 marcó un antes y un después en la legislación dominicana sobre la nacionalidad. Aunque buscaba reafirmar el control estatal sobre el registro civil, sus consecuencias sociales y legales obligaron a implementar medidas de regularización para evitar la apatridia y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.